Equidad educativa.-

MARTES 19 de Junio de 2007 - ENVIAR POR E-MAIL

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Editorial II Por una necesaria equidad educativa
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La igualdad de oportunidades educativas es un principio consagrado por la ley nacional de educación sancionada el año último. Sin embargo, en los hechos, esa norma está lejos de cumplirse. Entre las causas que obran en tal sentido, una muy decisiva reside en las diferencias de inversión en el área de la enseñanza cuando se comparan las distintas jurisdicciones del sistema. De no corregirse esas desigualdades, aumenta el riesgo de que se frustren las metas educativas y financieras previstas a través de los instrumentos legales promovidos por el gobierno nacional.
Un trabajo reciente, referido al "Monitoreo de la ley de financiamiento educativo", elaborado por un equipo conducido por Axel Rivas, director del área educativa del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), ha puesto de manifiesto aquellas diferencias. El informe de esa organización no gubernamental, que ha contado con el apoyo de asociaciones civiles, permite apreciar objetivamente las distancias que median en materia de recursos presupuestarios aplicados a la enseñanza y en relación con la cantidad de alumnos matriculados en cada distrito. Así, en un extremo se ubica Tierra del Fuego, que invierte 5570 pesos por educando, y en el otro se sitúa Salta, con 1156 pesos. Entre esos valores se distribuyen las otras provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Otras razones median para producir la desigualdad indicada. La norma de financiamiento establece que cada provincia debe hacerse cargo del 60 por ciento de su presupuesto educativo, en tanto que a la Nación le corresponde completar el 40 por ciento restante. Una y otra inversión deben crecer hasta representar el 6 por ciento del PBI del país, meta que se prevé alcanzar en 2010. En esa integración presupuestaria los criterios que aplican los gobiernos provinciales juegan su parte y se produce por ese motivo otro perfil de diferencias, en el cual la máxima asignación proporcional de recursos para la enseñanza la efectúa la provincia bonaerense (34,6 por ciento) y la menor, Santa Cruz (12,7 por ciento). En ese sentido, parece justo pedir mayores esfuerzos de asignación a las provincias que se muestran más remisas.
A fin de comprender la variedad que exhiben las jurisdicciones, se subraya como factor de desigualdad el distinto caudal de los recursos propios de cada territorio. En cambio, un factor de relativa nivelación es el rubro de los salarios docentes, que absorbe entre un 79,6 y un 97,4 por ciento de los presupuestos educativos provinciales. Por ese motivo queda poco margen para corregir limitaciones. La posibilidad restante dependería de los recursos que pueda asignar la coparticipación federal, cuestión siempre obstaculizada por intereses políticos y compromisos del gobierno central con los estados provinciales.
Los pasos pendientes para resolver la inequidad no se vislumbraron durante el acto de cierre de la presentación del informe. Sin embargo, quedó abierta la posibilidad de debatir otra ley de financiamiento educativo, cuando todavía no se ha cumplido un bienio de vigencia de la actual. Con acierto, Rivas señaló que la ley "es un gran paso, pero no modifica estructuralmente la desigualdad". A fin de avanzar hacia un sistema de oportunidades semejantes, cuanto importa es que los estados provinciales asuman plenamente la responsabilidad de proveer los recursos para una educación integral, de calidad, con garantías de igualdad, gratuidad y equidad, según establece la ley de educación, promulgada por el gobierno nacional en 2006.
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